Tras 13 años de paciente espera, el renovado Tribunal Constitucional ha tomado una fulgurante decisión de rechazar el recurso del PP a la ley de plazos para el aborto voluntario, impulsada por aquel infausto Gobierno Zapatero, del que aún no nos hemos recuperado.
Habrá quien piense que esta resolución es un éxito que hay que apuntar al renovado TC y a Cándido Conde-Pumpido, su presidente, que tan poco honor hace a su nombre de pila. En dos semanas ha resuelto un asunto que los anteriores magistrados no hicieron en 13 años. Y, sin embargo, ese éxito es aparente; es un fracaso paradigmático que confirma el colapso del espíritu de la Constitución del 78, del que debería ser garante el alto tribunal.
Los anteriores magistrados del TC no aparcaron el recurso pepero por pereza o miedo a meterse en un jardín con espinas. La causa era la imposibilidad de obtener un consenso entre las dos sensibilidades ideológicas que siempre han convivido en el Tribunal. Unas veces la conservadora era mayoritaria y otras la progresista, pero todo iba razonablemente bien mientras ninguna mayoría -siempre efímera- impusiera su código ideológico a la otra, que eventualmente estaba en minoría. Los magistrados pensaban que el respeto a la minoría era tan deseable que se podían permitir que algunos recursos quedaran empantanados. Era un mal menor sin grave trascendencia jurídica o social.
Todo iba razonablemente bien…, hasta que llegó el señor Conde-Pumpido con el mandato de arrasar del señor Sánchez Pérez-Castejón.
El sistema de elección de los magistrados no es el mejor, pero nunca ha sido el problema. Los anteriores fueron designados de la misma manera y, los de antes y los de ahora, eran personas que reunían los requisitos formales de experiencia profesional y competencia. Pero aquellos llegaban con un mandato de independencia y éstos han aterrizado con otro de sumisión. Se les va a hacer difícil ganarse el respeto de la ciudadanía, si es que les importa.
El constitucional era el último reducto del espíritu de consenso que la mayoría progresista del Congreso, el Senado y el Gobierno han venido machacando desde la moción de censura a Mariano Rajoy. El renovado TC ha tardado dos semanas escasas en mandarlo al carajo. Sin dudar, rechazó la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, que intentaba ser aceptable para todos, y lo hizo con el mismo desprecio con el que sus mandatarios aplican a cualquier iniciativa que venga de otra órbita ideológica.
La información del diario El País siempre es significativa para conocer la posición del Gobierno. En relación con la decisión del TC, el pasado día 9 aseguraba que “el nuevo texto, favorable a la completa constitucionalidad de la ley, será redactado por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y tiene asegurada su aprobación cuando se vote en un próximo pleno”.
Para esto los nuevos magistrados han sido propuestos por el Gobierno y nombrados por la mayoría de la investidura. Para casos como este, Sánchez se ocupó en persona que el nuevo presidente fuera Conde-Pumpido, que allá por abril de 2004 fuera nombrado Fiscal General por… ¡el infausto Gobierno Zapatero!
No me preocupa que ahora el TC decida dar carta de constitucionalidad a la ley de plazos -lo que entraba en la ponencia de Arnaldo- sino sus maneras, que explican la urgencia y el empeño de Sánchez y sus socios en aprovechar sus minutos de poder para controlar las instituciones del Estado que se justifican por su independencia. Y también lleva a comprender mejor la resistencia del PP a renovar los órganos jurisdiccionales con el procedimiento de siempre, pero con un espíritu contrario al de siempre. Como escribíamos hace unos días “a cambiar el sano criterio de consenso por otro de reparto de cuotas que reflejen la composición de las cámaras”. Uno lleva a la estabilidad; el otro, al enfrentamiento civil.
A todo esto, la cuestión material la decisión del TC es bastante irrelevante. Primero, porque valida una ley que lleva 13 años en vigor sin conflictos jurídicos. Sería más importante si hubiera anulado el todo o una parte de la ley, pero no es el caso. Segundo, porque hay otra ley en camino que facilita aún más los abortos voluntarios que será arrollada una vez más por la mayoría parlamentaria.
Y tercero, porque, aunque los defensores del derecho a la vida hayamos perdido esta disputa jurídica, la causa no está vencida. El aborto voluntario es una decisión personal y, pese a quien pese, sus implicaciones físicas, síquicas y morales están muy por delante de las disposiciones de cualquier ley. Esta “guerra” se combate repartiendo buena educación, dejando que se desarrolle la innata repugnancia que el aborto provoca en las personas y transmitiendo a las niñas que el aborto egoísta es una aberración reduccionista de la condición humana. Esta “guerra” se gana cada vez que una mujer decide no abortar y se pierde cada vez que lo hace.
