Afirmar que Sánchez y su Gobierno erosionan las instituciones del Estado no es repetir un mantra para erosionar a Sánchez y su Gobierno.
Por desgracia es una verdad como un templo constatable para cualquier observador imparcial. El Rey, que no entra en batallitas, no fue el primero en denunciarlo, pero si el más importante… En nochebuena invitó a todos “a no erosionar las instituciones públicas”. Apuesto a que no solo pensaba en la Corona sino en la denigración que sufren las más prestigiosas por parte de otros poderes del Estado con el objetivo, tácito o manifiesto, de controlarlas.
Para no alargar demasiado este escrito, no entraré en la indecente toma de posesión de una larga riestra de instituciones “menores” (RTVE, CIS, CESID, INE o CSN) y de las empresas públicas como Correos, RENFE, Red Eléctrica o el INI y sus participadas. ¡Su larga mano llega hasta el hipódromo de Madrid! Es cierto que todos los gobiernos han campado a sus anchas después de denunciar la indecencia en la oposición y prometer su enmienda en campaña electoral. Pero, Pedro Sánchez también pasará a la historia como el más cínico y el más burdo de los gobernantes.
He aquí el estado de la cuestión.
Monarquía
Apura escribir cuestiones tan obvias como que cualquiera puede ser monárquico, republicano o ácrata. Nadie le reprochará nada. No obstante, todos tenemos la obligación de respetar la Monarquía porque es la forma de Estado elegida por los españoles en un ejercicio explícito de soberanía. La facción podemita del Gobierno, sus socios y sus aliados no respetan a la institución ni a la persona que la encarna. Lo hacen, además, con mala educación e inquina, presumiendo de ello sin temor a la pusilánime reacción de la otra facción del Gobierno y su presidente. Las patochadas de Rufián, Belarra o Aitor Esteban no hacen daño. Lo que erosiona la Corona es que el Gobierno no la defienda, como es su obligación constitucional, y mediatice la función representativa del Rey en el extranjero para satisfacer las ansias megalómanas
del presidente del Gobierno.
Parlamento
Todo empezó con la declaración del estado de alarma. Con torpeza o por vileza, y con solo dos meses de vida, para plantar cara el coronavirus el Gobierno usó una fórmula jurídica que suspendía ilícitamente derechos constitucionales y vulneraba el derecho a la participación política de los diputados. Fue el primer acto de una larga serie encaminada a quitar escollos al poder ejecutivo, a costa de socavar la función legislativa y el control del Gobierno, propios del Parlamento.
En cuatro años, el Gobierno ha aprobado 133 Reales Decretos-Ley, uno cada 11 días. Felipe González aprobó 129, pero en 13 años de presidencia… Sánchez ha batido todos los récords registrados en el abuso del Real Decreto- Ley, que es un procedimiento para aprobar leyes “en caso de extraordinaria o urgente necesidad” (art. 86.1 de la Constitución).
Hay cuestiones que no pueden ser aprobadas por Real Decreto-Ley por su importancia material, afectar a los derechos y libertades o a disposiciones constitucionales. Para sortear esta sabia cautela, el Gobierno también ha abusado de las proposiciones de ley al simular una falsa iniciativa legislativa del Congreso, evitando opiniones cualificadas del consejo de Estado y otras instituciones relevantes, y de los procedimientos abreviados que eluden el análisis y el debate parlamentario.
Este Gobierno presume de no haber perdido ninguna votación pese a su minoría parlamentaria. Pero la única razón que explica este milagro es la compra de votos. Pactar es bueno; el problema es que los motivos para pactar sean espurios. Es impresentable renunciar al programa o a las promesas electorales, o poner en riesgo valores constitucionales, a cambio de votos para mantener el poder.
Esta es la cuestión nuclear que diferencia este Gobierno de los que pactan para desarrollar su programa y cumplir sus promesas electorales. Para mí, traspasar esta frontera es caer en una de las más abyectas corrupciones. Gobernar se convierte en un objetivo partidista -que gobiernen el PSOE y Podemos beneficia al PSOE y Podemos- e, incluso en un mero interés particular.
Consejo General del Poder Judicial
Sánchez repite a diario que el PP incumple la Constitución por no avenirse a pactar la renovación del CGPJ. Es cierto porque el PP condiciona el acuerdo en los nombres a pactar otras cuestiones que no entran en el mandato constitucional. También es cierto que el PSOE podría proponer nombres tan del agrado del PP que no pudiera rechazarlos… ¡Bull shit!
El incumplimiento profundo de la Constitución, y lo que daña al Poder Judicial, es que, entre unos y otros, han alterado el espíritu constitucional de consenso y lo han sustituido por otro tan pedestre como el de querer traspasar al tribunal el arco parlamentario. Cualquiera que viviera en los años de gestación de la Constitución sabe que la intención de los redactores de la Carta Magna, de quienes la aprobaron en el Congreso y de quienes la refrendamos era que todos y cada uno de los miembros del CGPJ y del TC fueran aceptables para una amplia mayoría en el Congreso. ¡Nadie pretendía que reflejaran la composición de la cámara!
Tribunal Constitucional
La reciente renovación del TC es una clara demostración de cómo cumpliendo la letra de la Constitución se destruye su espíritu. Y, de paso, cómo destrozar la
necesaria imagen de independencia del TC -que sea real o no dependerá de la actuación de los nuevos magistrados-, mermar su credibilidad y cuestionar su solvencia. Es fácil encontrar en el “mercado” juristas más cualificados que los nombrados que llevan muchos años distraídos de las funciones judiciales por sus veleidades políticas.
La determinación de Sánchez para cumplir sus objetivos le lleva a perder la cabeza; y a no ver que también lleva a España a perder sus instituciones. Sabe que su “obra de gobierno” corría serio peligro de ser desmontada por un TC independiente y por eso necesitaba que la mayoría de los magistrados estén de su parte cuando el Constitucional decida sobre los numerosos recursos que cuestionan sus leyes. Al final, ¡los dos nuevos tribunos han salido del propio Gobierno! ¿Dónde queda la separación de poderes? En el fondo, vuelve a encontrarse lo más abyecto en política: un presidente del Gobierno que vela hasta lo intolerable por sus intereses partidistas y particulares…
Fiscalía General del Estado
El fiscal general es nombrado por el consejo de ministros. Su mandato dura cuatro años, sólo puede ser cesado por causas tasadas en la ley y cesa con el Gobierno que lo haya propuesto. No obstante, el fiscal general actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. Esto dice la Ley.
¿Cómo Sánchez soluciona el “no obstante…”? Nombrando fiscal general a un miembro de su Gobierno, Dolores Delgado, y a su mano derecha, un incondicional como Álvaro García. El fiscal general no recibe instrucciones del Gobierno. ¡Ni falta que hace! Es una larga mano del Gobierno. Tiene toda la pinta de que actúa con parcialidad y dependencia. Para ser imparcial e independiente, la pinta es fundamental.
Consejo de Estado
A su máximo órgano consultivo, el Gobierno no solo no le consulta, sino que evita sus informes y dictámenes. La razón es que el consejo de Estado “basa su actividad en la reflexión, el diálogo y la excelencia jurídica”. ¿Imagina alguien a Díaz, Belarra o al propio Sánchez inmersos en la reflexión, ejerciendo el diálogo o valorando la excelencia jurídica? El Gobierno se pasa esos informes por el forro de los pantalones, los oculta cuando son desfavorables y, si prevé peguitas a sus pretensiones, recurre a la proposición de ley para burlarlos. La consecuencia, además de dañar el prestigio de la institución, es que las leyes aprobadas son malas desde el punto de vista de la técnica jurídica y acaban teniendo efectos indeseados e indeseables.
Banco de España
El Gobernador del Banco de España y su servicio de estudios han recibido furibundas críticas de casi todos los miembros del Gobierno, destacando por su irresponsabilidad Nadia Calviño, ministra de Economía. No se queda corto José Luis Escrivá, ministro, entre otras lides, de Seguridad Social y expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), cuya misión es velar por la sostenibilidad financiera como vía para asegurar el crecimiento y el estado de bienestar. Para ese puesto fue nombrado por el Gobierno de Rajoy.
Cumpliendo su función, durante cinco años tocó las narices a ese Gobierno sin reproches. Las dos cosas -tocar las narices y no reprochárselo- están bien porque fueron como deben ser. Lo que no parece tan bueno es que, tras ese encomiable encargo, forme parte de un Gobierno que pone en riesgo la sostenibilidad financiera. No lo digo yo; lo dicen, entre otros, el servicio de estudios del Banco de España, donde Escrivá echó sus dientes profesionales, y el del BBVA que dirigió varios años.
