Las prisas nunca fueron buenas consejeras. Sobre todo, cuando se tiene a disposición a los organismos consultivos del Estado y a decenas de juristas expertos y capaces de aconsejar sin dejarse llevar por prejuicios ideológicos.
Rechazar esa ayuda -cualquier ayuda- es propio de personas pagadas de sí mismas, poco inteligentes y, en definitiva, embebidas por la soberbia. Es su problema; el nuestro, que nos gobiernan.
El Tribunal Supremo ha vuelto a condenar al indultado Oriol Junqueras y cía. por un delito de desobediencia en concurso real con otro de malversación de caudales públicos agravada. En consecuencia, los políticos independentistas seguirán inhabilitados para ejercer cargos públicos hasta 2030 y 2031.
El objetivo de los reformadores de los delitos de rebelión y malversación no era otro que Junqueras y cia. pudieran presentarse a las elecciones de este año. Para el Gobierno se trataba de cumplir una condición, ¡la Condición!, impuesta por el propio Junqueras -siempre pensando en los catalanes- para seguir soportando al Gobierno de coalición -siempre pensando en los españoles-.
Pero son tan malos -en el sentido técnico-político- que no saben reformar las leyes y tan malos -en el sentido ético- que no saben asumir la responsabilidad por sus errores. Tampoco esta vez rodarán cabezas. Para eximirse, seguirán descalificando al Tribunal Supremo porque “ha dado un golpe a la democracia al no seguir la voluntad expresada en las Cámaras” (Marta Villalta, portavoz de ERC). ¿No será que las Cámaras no supieron expresar su voluntad?
Al final, la culpa de sus errores volverá ser de la derecha política, mediática y judicial o del Chachachá.
Personalmente, me trae al pairo que Junqueras se presente o no a las elecciones. Sin ánimo insultante, unos y otros son los mismos perros con distinto collar. Lo impresentable fue modificar el Código Penal para que cinco señores inhabilitados puedan presentarse a las elecciones. El Estado de Derecho no debería permitir actuaciones tan arbitrarias, ni siquiera con el dudoso propósito de mantener en el poder al señor Sánchez. Y encima, ¡van y marran el tiro descalificándose como legisladores y como políticos!
El TS no sólo ha aguado la fiesta electoral de Junqueras y Sánchez. Se ha permitido dar un par de consejos gratis a ese poder legislativo que legisla para satisfacer intereses individuales, que tantas dificultades tiene para reflejar su voluntad en la ley y que se mueve como una marioneta del poder ejecutivo.
Los magistrados saben mucho de delitos y penas. Han dedicado su vida a aplicar las leyes en juicios y sentencias y han podido percibir, de primera mano, la eficacia de las leyes y las penas previstas. Por ello hay que escucharles -seguro que alguna ministra licenciada en medicina les negará su competencia- cuando avisan de que “entre el delito de rebelión que regula el art. 472 del código penal y el de desórdenes públicos previsto en el 557 existe un espacio intermedio que puede alojar conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional”. ¡Casi nada!
“La deslealtad constitucional- continúa- y el menosprecio a las bases de la convivencia, incluso cuando fueran seguidas de un alzamiento tumultuario, no violento, no sería susceptible de tratamiento penal”. Y todo ello para que Junqueras y cía. puedan presentarse a unas elecciones.
