A la vista del panorama, votar con buena información y mucha sensatez -o sea, con la cabeza, no con las vísceras- ha devenido en obligación ciudadana perentoria. Más aún que pagar impuestos.
Con este artículo iniciamos, de la pluma de nuestro Sabe Lo Todo, una inmersión en las ya próximas elecciones autonómicas y municipales. Aunque quedan más de tres meses para el día de la votación (28 de mayo), todo lo que acontece en la actualidad política nacional, autonómica y municipal ya no tiene más propósito que ganar votos para mantener o alcanzar cotas de poder.
Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos pueden parecer instancias de segunda división en la política nacional. Nada más lejos de la realidad. Siempre han sido de primera por su peso objetivo, por el impacto de sus políticas y decisiones en los ciudadanos y por la importancia vital para la performance y el peso relativo entre los partidos.
Otro error común es pensar que unas son de primera y otras de segunda. Para un andaluz tan decisiva es la Junta de Andalucía como el Gobierno Vasco para los euskaldunes. Como es lógico, los habitantes de una comunidad dan mayor importancia a la suya -por lo que les afecta-, pero todas impactan en las demás. Piénsese, por ejemplo, los desequilibrios regionales que provoca la desquiciada Generalitat de Cataluña o lo que incide en todas las comunidades levantinas la victoria de Castilla-La Mancha en la guerra del agua.
La trascendencia de las elecciones autonómicas es creciente. No sólo para el resistente Madrid de Isabel Díaz-Ayuso. Cada comunidad tiene sus batallas. El marco competencial está a pleno rendimiento y ya es muy relevante. A pesar del intervencionismo innato del Gobierno de coalición gestionan suculentas partidas de ingresos y de gastos que afectan a servicios públicos esenciales. Hay presidentes de diversas calañas, pero todos ejercen una influencia sustancial en su feudo y en el colectivo. De ninguno se puede decir que no pinta nada. De hecho, estar bien asentados en sus comunidades les permite elevar la mirada hacia horizontes lejanos.
Los gobiernos autonómicos son vivero de ministros y candidatos presidenciales como Feijóo, Aznar o Susana Díaz. Los hay más ambiciosos y menos, más brillantes o apagados, o con más o menos opciones o ganas de protagonismo nacional. Sin embargo, todos meten el codo en las direcciones de sus partidos. Por algo se les conoce como barones. No todos tienen el mismo peso político, pero algunos son tropezones en todas las sopas.
Las comunidades autónomas son también vivero de votos nacionales. Lo que haga un gobierno autonómico o la popularidad de su presidente son básicos para inclinar votos nacionales hacia su partido. Y al revés. Es fácil prever que en las del 28 de mayo, las decisiones y las políticas del Gobierno Sánchez mediatizarán el voto autonómico y, en menor medida, el municipal.
De hecho, el resultado de las autonómicas siempre han sido baremo premonitorio de lo que ocurrirá en las generales, máxime cuando éstas se celebran muy pocos meses después. No llegan a ser un calco, pero suelen ofrecer una visión ajustada sobre dónde se sitúa en ese momento el voto de los españoles. Algo se puede apreciar en la siguiente tabla:
(*) Solo incluye las elecciones en Cataluña (feb. 2021), Madrid (mayo 2021), Castilla y León (febrero 2022) y Andalucía (junio 2022). El ciclo casi se completará con las que se celebrarán en mayo de 2023
Las últimas encuestas -y las evidencias- llevan a pensar que, tras las elecciones del próximo mayo, la balanza autonómica volverá a inclinarse hacia gobiernos del PP o, lo que a efectos del voto nacional es casi lo mismo, a que la mayor parte de las listas más votadas sean las del PP, aunque no logre formar gobiernos por falta de acuerdo con otros partidos.
Por dos razones: primero, la extendida sensación de fraude electoral de Pedro Sánchez, y por ende del PSOE, entendiendo por fraude el incumplimiento manifiesto de su programa o la realización de hechos contrarios y hasta contradictorios a sus promesas electorales. Y, segundo, los paisanos de bastantes comunidades pueden añadir una larga lista de agravios comparativos basados en el empeño del Gobierno de coalición en comprar la paz en Cataluña, en consentir o financiar desmanes independentistas e, incluso, en los indultos y la reforma del código penal en beneficio de los secesionistas.
Dónde hay elecciones
El 28 de mayo se celebrarán elecciones en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla.
No habrá en Andalucía, Cataluña, Galicia y el País Vasco, las cuatro primeras autonomías por orden cronológico. En estas comunidades la convocatoria de elecciones es una prerrogativa de sus presidentes, que pueden decretar la disolución anticipada de las cámaras legislativas o convocar elecciones al finalizar el periodo de cuatro años.
La redacción inicial de los estatutos de autonomía del resto de comunidades no preveía que los presidente pudieran disolver las cámaras. La cita electoral es, por ley, el cuarto domingo de cada cuatro mayos, la misma jornada que las municipales. En 1996, por reforma de sus estatutos de autonomías, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y Murcia introdujeron la eventualidad de una convocatoria anticipada por sus presidentes. En base a ello, Asturias celebró elecciones en 2012 y Madrid lo ha hecho en 2021. Sin embargo, esas legislaturas solo duran el tiempo que resta del mandato iniciado en las elecciones “ordinarias”. Por tanto, aunque solo hayan pasado dos años, el 28 de mayo se volverán a celebrar elecciones en Madrid.
Por su parte, en 2007, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra introdujeron cambios en sus estatutos de autonomías de manera que sus presidentes pudieran disolver las cámaras y convocar elecciones para legislaturas de cuatro años. Por eso, no habrá elecciones en Castilla y León. En la Comunidad Valenciana se celebraron en 2019. Los cuatro años acaban el próximo 28 abril, pero -con cierta polémica sobre su legalidad- Ximo Puig ha decidido hacer coincidir sus elecciones con las otras comunidades.
