El acceso a la vivienda siempre ha sido un reto complicado para las economías familiares sin más posibles que el trabajo y el sacrifico del ahorro, ya fuera alquilando su casa o hipotecándose. Pero nunca había sido tan caro como ahora.
Cada día menos familias pueden comprar una casa o pagar los alquileres de un mercado de viviendas menguante. A Pablo Iglesias, fundador y muñidor de Podemos, le gusta repetir que una vivienda digna es un derecho constitucional. Tiene razón, pero, sin embargo, las políticas del Gobierno que sostiene, inspiradas en las ingenuidades ideológicas de su partido, son las que han conseguido que una vivienda digna sea cada día más inaccesible para un creciente número de españoles.
El artículo 47 de la Constitución declara que los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos “la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.
Veamos las condiciones promovidas y la pertinencia de las normas aprobadas por el Gobierno Sánchez en la materia:
1º Durante la pandemia, adoptó medidas para compensar una posición eventualmente precaria de inquilinos e hipotecados. Entre otras, estableció una prórroga extraordinaria de los contratos, limitó al 2% la subida de las rentas, prohibió los desahucios en determinadas circunstancias e impuso moratorias obligatorias de las deudas arrendaticias e hipotecarias.
2º Con el noble, e ingenuo, fin de “reforzar el escudo social desplegado para proteger a los inquilinos”, ya acabada la pandemia, el Gobierno populista prorrogó y amplió las medidas favorecedoras de los inquilinos, sin considerar que cualquier beneficio a los inquilinos es, con toda lógica, un perjuicio para los arrendatarios. Como consecuencia inmediata, en año y medio se ha producido una reducción brutal del número total de viviendas en alquiler disponibles. Cualquiera que haya comprado o vendido algo sabe por experiencia que, se pongan como se pongan los populistas, los precios suben cuando la demanda es muy superior a la oferta. No es capitalismo salvaje, sino las leyes “físicas” de la economía que se imponen a todo intervencionismo.
3º En el Congreso vegeta un proyecto de ley de vivienda que no acaba de ver la luz debido a las diferencias entre los socios de la Coalición. Entiéndase que la facción Podemos se empeña en perpetuar el tufo populista mientras la socialista es consciente del daño provocado. Sánchez no levanta la barrera al proyecto de ley, pero tampoco lo retira porque su Gobierno depende de los socios y aliados parlamentarios. Siempre la misma historia: las decisiones se toman por el bien del propio Gobierno, de los miembros que lo componen y los partidos que lo sustentan.
4º, Según datos de Tecnocasa recogidos por Expansión, en 2022, las viviendas en alquiler disminuyeron un 27% de media nacional y hasta el 40% en Madrid, Barcelona y Valencia. ¡Donde había 10 ahora hay 6! Cifras récord conseguidas en medio de una inevitable ola de trasvases de compradores a inquilinos causada por las condiciones del mercado hipotecario.
5º Pese a la limitación legal al 2% en la subida de las rentas del alquiler de viviendas, en la mitad de las capitales de provincia los precios de las viviendas registraron sus máximos históricos. En Barcelona -donde incide también la legislación populista de la Generalitat y el Ayuntamiento- y en Zaragoza subieron el 10 y el 11%, respectivamente.
6º Los expertos de Tecnocasa calculan que se necesitan 1,8 millones de viviendas nuevas en alquiler para que nuestro mercado pueda equipararse a la oferta media de la Unión Europea. Mientras tanto, cualquier comparación de precios no es homogénea.
7º La limitación de precios en los alquileres de viviendas ha favorecido que los inmuebles se hayan desviado al mercado turístico, disparado en el volumen de inmuebles que dispone y en su rentabilidad. Los políticos populistas, en vez de actuar sobre la raíz del problema, intervienen también en el mercado turístico extendiendo los daños a la industria turística.
8º La prórroga de las medidas para paliar efectos de la pandemia cuando ésta ha acabado, la larga y dolorosa gestación de un proyecto de ley de vivienda que repugna a dos de cada tres ministros y diversas legislaciones autonómicas y municipales de corte populista -aprobadas, anuladas por los tribunales o en curso- han logrado las más altas cotas de inseguridad jurídica, tanto para arrendadores como para arrendatarios. Han conseguido paralizar -y desviar a otros mercados geográficos- incuantificables miles de millones de euros que tradicionalmente han buscado el refugio de las inversiones a largo plazo que otorgan los mercados inmobiliarios no intervenidos.
